lunes, 28 de noviembre de 2011

Diputados pretenden convertir al Infonavit en "El abonero"


Diputados del PRI, PAN y PRD presentaron propuesta para modificar la Ley del Infonavit.

Pretenden:
  1. El Infonavit otorgue créditos en UDIS.
  2. Invertir el fondo de vivienda en el sistema de las afores
  3. Los créditos para ampliación y mejoramiento de vivienda sólo se otorguen a través de bancos
  4. Excluir de la devolución de la subcuenta de vivienda a quienes se pensionen SIN cotizaciones al IMSS antes de 1997



Con estas modificaciones provocarían un grave daño social:
  1. Con las UDIS los créditos no solo serían extremadamente caros, sino que, se vuelven prácticamente incalculables.
  2. Entregan todo el dinero del fondo de vivienda a los Bancos. (Afores)
  3. Entregan el otorgamiento de crédito a los bancos, con sus condiciones.
  4. Convertir al Infonavit en un recaudador fiscal... o mejor dicho: Un "abonero" fiscal
  5. Entregar el dinero de las subcuentas de vivienda a los bancos (10 mil millones de pesos)
  6. Robar 200 mil pesos promedio a cada uno, de un grupo de 90,000 trabajadores retirados y pensionados, quienes nunca obtuvieron crédito de vivienda.

Es claro que estos diputados trabajan para los banqueros.

No podemos permitir estas reformas!

¿Acaso creen que los mexicanos somos tontos?

¿Así pretendían reelegirse?



Fuente: Diputada Laura Itzel Castillo

Frenan petistas traspaso de excedentes del fondo de vivienda a los del retiro


Frenan petistas traspaso de excedentes del fondo de vivienda a los del retiro
Diputados de PRI, PAN y PRD buscaban reformar Ley del Infonavit

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 16


El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados logró detener una reforma a la Ley del Infonavit, con la que PRI, PAN y PRD pretendían legalizar la transferencia de 10 mil millones de pesos de los excedentes del fondo de vivienda a los fondos para el retiro.



La bancada petista se reservó los cuatro artículos del dictamen de la Comisión de Vivienda, con lo cual el presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet Chemor (PRI), consideró que no había materia de discusión y se negó a que el documento se aprobara en lo general, como exigían sus compañeros de bancada.

En una postura que provocó airadas declaraciones de priístas, Chuayffet cuestionó: ¿Pero qué sometemos a votación en lo general? Si todos los artículos están reservados, ¿qué es lo que queda en esencia para votar en lo general? ¿El espíritu de la ley? Se votan los artículos, no el espíritu de la norma.

Debido a que el dictamen era el último punto de la agenda de ayer, Chuayffet levantó la sesión y de inmediato el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martel, y su compañero Leobardo Soto subieron hasta la mesa directiva a reclamarle.

El cetemista Soto inclusive acusó a Chuayffet de asumir una decisión autoritaria. ¡Nos está hundiendo!, exclamó.

Durante el debate, líderes obreros del PRI –incluso los que, como Felipe Enríquez, participan en inmobiliarias y recuperadoras de cartera vencida–, argumentaron que entre los cambios a la Ley del Infonavit se busca obligar a la Secretaría de Hacienda a devolver 18 mil millones de pesos que forman parte de las aportaciones del fondo de vivienda, no utilizados por trabajadores que no obtuvieron un crédito.

Según los priístas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional el artículo 8 transitorio de la citada ley, en el cual se limita la devolución del fondo de vivienda sólo a los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997, no es suficiente, porque para recuperar sus ahorros, los trabajadores deben contratar abogados.

Soto argumentó en la tribuna que al modificar el artículo octavo transitorio y señalar la obligación a Hacienda, se acabarán los juicios interpuestos por jubilados contra el Seguro Social ¡y se regresarán más de 18 mil millones; en promedio, 200 mil pesos para cada uno!

Mordaz, Teresa Guadalupe Reyes le respondió: Valdría la pena decirles que de preferencia lo esperen sentados, porque si varios cientos de ex braceros han muerto esperando que les regresen 34 mil pesos, imagínense por 200 mil.

La reforma también pretende que los créditos de vivienda ya no se cobren en el equivalente en salarios mínimos, sino en pesos o indexados a otros indicadores diferentes. También, que los trabajadores puedan obtener un segundo crédito, pero cofinanciado por los bancos.

Laura Itzel Castillo (PT) explicó que en el primer caso se trata de imponer la figura de unidades de inversión (UDI), lo que encarecería las deudas. En la segunda opción, dijo, es evidente que los bancos cobrarán tasas de interés muy superiores a las aplicadas por el Infonavit para la compra de una vivienda.

Antes de que se intentara votar el dictamen en lo general, Martel afirmó que los grupos parlamentarios ajustaban la redacción de las modificaciones, para evitar la suspicacia de que se va a jugar el dinero del ahorro para vivienda en las casas de bolsa.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Alerta en Chalco por aparición de grieta


CHALCO, Méx.- Residentes de la unidad habitacional Villas de San Martín, en el poblado de San Martín Cuautlalpan, exigieron a la inmobiliaria Dadivir que los reubique a otra zona porque ya no quieren vivir en el sitio donde apareció el lunes por la noche una grieta de un kilómetro de longitud.


Solicitamos su ayuda para localizar una grieta de aproximadamente Un Kilometro la cual no ha podido ser vista por las autoridades de protección civil del municipio de Chalco, Estado de México.

Las autoridades del municipio no han querido elaborar un dictamen de riesgo para ayudar a los habitantes de la unidad habitacional, cuyas vidas están en peligro.


Derecho a la ciudad

lunes, 7 de noviembre de 2011

FRAUDE AL FOVISSTE

Acusa el Fovissste de fraude a empleados

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 42

Miles de empleados públicos que obtuvieron créditos del Fovissste son acusados por fraude y falsificación de documentos; decenas han sido detenidos y penden órdenes de presentación y de aprehensión sobre cientos de ellos, pues constructoras los engancharon con créditos ampliados que la institución primero aprobó y luego desconoció.


La Unión de Trabajadores Defraudados por Fovissste señaló lo anterior e indicó que el organismo desató una acción legal sin precedente para demandar a trabajadores y responsabilizarlos de fraude, cuando fue el instituto el que tramitó los créditos, pagó a constructores y ahora los desconocen.

Según explicó se trata de unos 4 mil 500 trabajadores de más de 20 dependencias de gobierno, que de manera legal y legítima obtuvieron créditos hipotecarios del Issste para adquirir casas de interés social con las nuevas reglas que el gobierno federal instrumentó para su otorgamiento. Conforme a las mismas, se les notificó ser beneficiarios de un crédito con una las Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Sin embargo, constructoras que hacían efectivos estos créditos señalaron que el monto de los mismos era insuficiente y los plazos para ejercerlos eran de menos de seis meses.

Las constructoras al saber que a los trabajadores les otorgaron 260 mil pesos de crédito en promedio, ofrecieron ampliaciones de los préstamos hasta 700 mil pesos si adquirían con ellos. Se estableció el acuerdo de que los créditos se pagarían a 30 años y con un descuento máximo de 30 por ciento al salario.

Sin embargo, esto era un fraude de las constructoras, y el Fovissste inició una cacería de trabajadores, aplicándoles primero cobros indebidos de hasta 50 por ciento en sus salarios, y luego injustos procesos judiciales e, incluso, el encarcelamiento.

Plantearon representantes de esta unión que más de 4 mil 500 empleados que entraron en este acuerdo han sido acusados de fraude y falsificación de documentos, cuando el Fovissste es el único con capacidad de decisión sobre el otorgamiento de préstamos.


Ver fuente: texto


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Red de corrupción defrauda al Fovissste

MILENIO
POLÍTICA • 18 SEPTIEMBRE 2011 - 9:57PM — MARIANA OTERO-BRIZ


Trabajadores de diversas instancias federales enfrentan cargos penales por la presunta falsificación de documentos para obtener beneficios. Deben liquidar antes del 30 de enero próximo cantidades que van de 200 mil a 350 mil pesos.


Ciudad de México • Una red de corrupción entre constructoras, Sofoles y funcionarios del Fovissste defraudó a esta institución al otorgar créditos por arriba de la capacidad de pago, por lo que más de 4 mil 500 servidores públicos de todas las dependencias deben entregar un monto equivalente a 6 mil veces su salario mensual antes del 30 de enero para librar cargos penales, pues se presume que falsificaron documentación para obtener más recursos de los que les correspondían.

En entrevista con Milenio, algunos de los trabajadores que enfrentan dichos cargos, y otros que ya estuvieron presos por el delito de fraude y pagaron una fianza para enfrentar el proceso el libertad, afirman que diversas instancias se comprometieron a ampliar el monto crediticio a través de un programa especial del Fovissste, por lo que entregaron sus documentos en original y volvieron a ser contactados en la entrega de la vivienda.


En julio pasado, el Fovissste anunció el programa especial “Recuperación de créditos otorgados en demasía”, por el cual se desistirá de la querella penal contra quienes paguen de contado y antes del 30 de enero próximo los montos excedentes, y les explica que en caso de no contar con los recursos adquieran un crédito adicional.


No obstante, para los trabajadores estos montos son impagables debido a sus bajos salarios y a los descuentos que se les realizan por la hipoteca.

Cabe destacar que los salarios mensuales de los trabajadores implicados en el fraude va desde los 4 mil 500 pesos a los 6 mil, los cuales se reducen hasta los 3 mil pesos al descontar las mensualidades, mientras que los montos que deben pagar antes de enero van desde los 200 mil a los 350 mil pesos.

Los trabajadores del Estado fueron seleccionados para acceder al crédito hipotecario mediante el sorteo aleatorio del Fovissste, acudieron a sindicatos, constructoras y Sofoles para realizar los trámites y semanas después se les informó que “la ampliación de sus créditos había sido autorizada”. Meses después escrituraron el inmueble y comenzaron a registrar los descuentos en su pago nominal.

En documentos proporcionados por los afectados, bajo el membrete de Condesa Financiera e Hipotecaria Crédito y Casa y signados por Notarios Públicos, se les informa la extensión crediticia y las condiciones de pago.

“Sociedad Hipotecaria Federal, a través del programa extraordinario de crédito Fovissste aprobó el otorgamiento del crédito hipotecario a favor de … por la cantidad de $524, 209.46…” se lee en la hoja sellada por el Notario Público No. 6 de Cuernavaca, Morelos.

Sin embargo, en agosto de 2010 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que fueron otorgados más de 4 mil 500 créditos irregulares, por lo que se levantaron denuncias penales contra 83 beneficiarios, ocho empleados del Fovissste y 26 de Sofoles.



Un año después, la PGR anunció que 42 de sus empleados eran investigados por el delito de fraude al haber falsificado documentación para lograr que se ampliaran los montos y giró órdenes de aprehensión.

En algunos de los expedientes de estos trabajadores a los que MILENIO tuvo acceso, se acusa de la falsificación a los trabajadores, sin embargo, se detalla que tanto las empresas privadas como el Fovissste debían certificar los documentos para poder aprobar los montos del préstamo.

Se presume que fueron corresponsables del delito de fraude al haber falseado la información de su salario cuando ingresaron sus datos en la página de Internet de la institución, ello, a pesar de que el personal de las Sofoles aparece como autor de algunas de estas modificaciones, y de que ninguno declaró haber presentado sus datos en la página electrónica.


Ante posibles represalias de sus superiores y representaciones sindicales, la mayoría de los trabajadores entrevistados por este diario expresaron temor a que sus nombres fueran revelados, pero para Luz María Garnica, empleada de Conagua es necesario enfrentar la problemática sin miedo.

La acreedora de una vivienda en Ixtapaluca, Estado de México, narró que un representante de la constructora le dijo que la ampliación de su crédito fue autorizado a través del convenio con Fovissste; le entregaron su casa y las escrituras estipulan que se le descontará el 30 por ciento de su salario durante los próximos 30 años. Pero ese porcentaje se incrementó a 50 por ciento, y existen quincenas en las que cobra 140 pesos.

Dos trabajadores que pasaron seis días en el reclusorio por estos hechos, aseguran que pagar la “demasía” resulta imposible también porque sus familias debieron entregar las escrituras de sus casas a una afianzadora privada para obtener el dinero para que puedan enfrentar los juicios en libertad. Una deuda adicional.

La situación se agrava para los que nunca se les entregó la vivienda, como es el caso de Rosa Elba Hernández, a quien se le ha descontado el pago durante tres años, pero por no contar con 12 mil pesos para saldar “adecuaciones” al inmueble no lo ha recibido. Ella, también enfrenta la denuncia por fraude.


El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) tiene 80 trabajadores con esta problemática, pero para el dirigente del gremio, Agustín Rodríguez Fuentes no existe ningún delito a perseguir, pues las ampliaciones fueron gestionadas por las constructoras y aprobadas por el Fovissste, organismo que por Ley tiene la obligación de certificar toda la documentación de los trabajadores.

Por ello, calificó la medida del Fovissste como un acto “arbitrario y completamente injusto”, que busca evadir de castigo a los verdaderos responsables.

Para corroborar las aseveraciones de los entrevistados se solicitó una entrevista en el Fovissste de la cual, este diario nunca obtuvo respuesta, mientras que la SFP acordó enviar información actualizada sobre las investigaciones que se realizan sin que esto se haya concretado.

Ver fuente: Texto

martes, 1 de noviembre de 2011

Los despachos bancarios le cobran hasta a los muertos


Los despachos bancarios le cobran hasta a los muertos

MÉXICO, D.F., octubre 31 (EL UNIVERSAL).- Jesús Ortuño recibió una tarjeta de crédito sin solicitarla; nunca la uso pero tampoco la canceló.

No pagó las comisiones anuales y eso le generó varias mensualidades vencidas.

Años después, Jesús falleció.

Su acta de defunción se presentó ante la institución que le otorgó la tarjeta, pero aún así, los familiares recibieron el acoso de despachos de cobranza, quienes amagaron con el embargo y hasta con proceder de manera judicial.



Este es un sólo caso de los miles que hay en el país y que no registran las autoridades, a pesar de que la ley es clara en este sentido.

José María Aramburu, director general de evaluación y vigilancia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aclaró que cuando una persona fallece se cancelan de manera automática sus deudas de tarjeta de crédito y crédito hipotecario.

De acuerdo con las reglas que emitió el Banco de México para tarjeta de crédito, se obliga a los intermediarios a incluir un seguro de fallecimiento para el titular o una cobertura por la deuda en caso de muerte.

En consecuencia, “nadie puede cobrarle a los familiares o herederos, y para ello, sólo hay que dar de baja el crédito y presentar el acta de defunción ante el banco”, agregó.

El funcionario mencionó que si hay un despacho que mantiene la cobranza del adeudo a un difunto “es un error burocrático por parte de la entidad”.

Puntualizó que luego de la muerte de un familiar es necesario enviar una carta a la Unidad de Enlace del banco, con copia al director de tarjetas de crédito.

En ésta se debe informar que el titular del plástico falleció; hay que anexar original del acta de defunción.

Manifestó que si aún con los documentos la cobranza persiste, es necesario acudir de manera directa a la institución bancaria.

En lo que compete a la Condusef, dijo, no hay materia para reclamación, debido a que las leyes son claras: una vez que muere el titular de un crédito, se cancela la deuda.

“Nosotros podemos apoyarlos a través de gestión electrónica y se puede solicitar al banco la corrección, pero no se puede iniciar una controversia”, destacó.

Marco Carrera, director de estudios de mercado de la Condusef, recalcó que es necesario verificar que en los contratos de los plásticos se incluya el seguro, cuyo costo se cobra en las mismas comisiones.

Aramburu detalló que en hipotecas ocurre lo mismo, ya que éstas cuentan con un seguro de vida.

El procedimiento debe ser el mismo que en tarjetas.

Hay que presentar el acta y una carta en donde se solicite la cancelación del adeudo.

No obstante, aclaró que en otros financiamientos como el simple o el empresarial donde se solicita aval, “si se continúa con la cobranza, aún con el fallecimiento del titular”.

Aramburu reveló que en caso de contratar un crédito con las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) es indispensable verificar el contrato, ya que hay casos en los que no se incluye el seguro de vida en caso de fallecimiento.